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Milicia y Justicia / Cese de Rubido, desapercibido ante cambios en gabinete
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Por Jesús Aranda
México.- El cese de Monte Alejandro Rubido, como comisionado nacional de seguridad pasó casi desapercibido ante el alud de cambios en el gabinete presidencial, lo cual no fue casual.
El ahora, ex funcionario se fue sin asumir su responsabilidad en la vergonzosa fuga de Joaquín El ChapoGuzmán, la cual evidenció a México como un país en el que la corrupción ha permeado en las más altas esferas del gobierno, al grado de hacer posible la construcción de un túnel para escapar de un penal de supuesta máxima seguridad a unos metros de una guarnición militar.
Rubido se fue sin reconocer la ineficacia del sistema penitenciario que encabezó, ni la incapacidad de los órganos de inteligencia que él coordinó.
Sin embargo, el presidente Peña Nieto protegió a Rubido, lo mantuvo en el cargo para no evidenciar que le había perdido la confianza y lo relevó en una ceremonia en la que los reflectores los tenían otros.
En su lugar llega Renato Sales, quien se desempeñaba como titular de la Coordinación Nacional Antisecuestros, el cual tiene la difícil encomienda de limpiar el desaseo que dejó Rubido en el sistema penitenciario y en los órganos de inteligencia.
El tiempo dirá si la decisión fue la acertada.
Falta de sensibilidad en la SCJN
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evidenciaron su falta de sensibilidad y compromiso con los sectores de la población más vulnerables, al revictimizar a tres mujeres indígenas que después nueve años de haber sido encarceladas injustamente, continúan a la espera de que la Procuraduría General de la República (PGR) cumpla con la reparación del daño que ordenó un tribunal.
Resulta que después de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa condenó hace más de un año a la PGR a indemnizar y reconocer públicamente su error en el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántar y Teresa González, quienes fueron sentenciadas por el supuesto secuestro de elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en Querétaron en año 2006, la dependencia que la dependencia que encabeza Arely Gómez recurrió a la justicia federal para evitar pagar la indemnización.
El asunto llegó finalmente a la Suprema Corte, en donde la segunda sala del máximo tribunal decidió que no tenía competencia para resolverlo y lo turnó a la primera.
Parecía lógico que ésta resolviera la demanda de la PGR, ya que en el año 2010, la propia sala concedió el amparo a Alberta Alcántara y a Teresa González para que obtuvieran su inmediata libertad, en razón de que el ministerio público federal violó el debido proceso en su contra -Jacinta Francisco salió de la cárcel por falta de pruebas un año antes-.
Sin embargo, los ministros se negaron a conocer el asunto, con el argumento de que se trataba de un asunto fiscal y lo regresaron a la segunda sala.
Hay funcionarios judiciales que aseguran que el problema tiene más fondo, que en realidad es un reflejo de la profunda división que generó la pasada elección, en la que se necesitaron 32 rondas para que Luis María Aguilar venciera a Arturo Zaldívar en la lucha por la presidencia del máximo tribunal.
La cuestión es que una vez más, los ministros incumplieron con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita.
Para ripley, la SCJN revisará amparo de El Chapo Guzmán
Por otra parte, mientras los ministros de la Corte hicieron a un lado el caso de las tres mujeres indígenas, analizan por otra parte, la posibilidad de atraer el amparo que presentó Joaquín Guzmán, El Chapo Guzmán en contra del auto de formal prisión que le dictaron por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de posesión de cartuchos y armas de fuego y uso exclusivo del Ejército.
El ministro José Ramón Cossío es el encargado de elaborar el proyecto sobre la viabilidad de que la Corte ejerza su facultad de atracción y resuelva el asunto.
El 10 de marzo de 2014, un juzgado de distrito dictó auto de formal prisión contra Guzmán por el citado delito y el 14 de noviembre pasado, un tribunal unitario confirmó la decisión.
La defensa de quien escapó del penal de máxima seguridad de El Altiplano y quien es el prófugo más buscado en el país, consideró que la decisión vulnera sus derechos fundamentales “de la libertad personal, de la honra y la dignidad humanas, de inviolabilidad del domicilio, del debido proceso y de presunción de inocencia consagrados en la constitución”.
Meses antes de que se fugara, un tribunal unitario negó un amparo en contra del auto de formal prisión y desestimó el alegato de El Chapo Guzmán,quien se quejó de que las pruebas obtenidas en su contra fueron obtenidas gracias “a la intromisión de la autoridad a un domicilio sin contar con orden de cateo” y sin que se estuviera cometiendo un delito en flagrancia.
Lo que resulta increíble es que la Corte destine tiempo, recursos, dinero y personal para resolver la demanda de un sujeto que está prófugo de la justicia; en lugar de aplicar dichos recursos a la resolución de otros asuntos.
México.- El cese de Monte Alejandro Rubido, como comisionado nacional de seguridad pasó casi desapercibido ante el alud de cambios en el gabinete presidencial, lo cual no fue casual.
El ahora, ex funcionario se fue sin asumir su responsabilidad en la vergonzosa fuga de Joaquín El ChapoGuzmán, la cual evidenció a México como un país en el que la corrupción ha permeado en las más altas esferas del gobierno, al grado de hacer posible la construcción de un túnel para escapar de un penal de supuesta máxima seguridad a unos metros de una guarnición militar.
Rubido se fue sin reconocer la ineficacia del sistema penitenciario que encabezó, ni la incapacidad de los órganos de inteligencia que él coordinó.
Sin embargo, el presidente Peña Nieto protegió a Rubido, lo mantuvo en el cargo para no evidenciar que le había perdido la confianza y lo relevó en una ceremonia en la que los reflectores los tenían otros.
En su lugar llega Renato Sales, quien se desempeñaba como titular de la Coordinación Nacional Antisecuestros, el cual tiene la difícil encomienda de limpiar el desaseo que dejó Rubido en el sistema penitenciario y en los órganos de inteligencia.
El tiempo dirá si la decisión fue la acertada.
Falta de sensibilidad en la SCJN
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evidenciaron su falta de sensibilidad y compromiso con los sectores de la población más vulnerables, al revictimizar a tres mujeres indígenas que después nueve años de haber sido encarceladas injustamente, continúan a la espera de que la Procuraduría General de la República (PGR) cumpla con la reparación del daño que ordenó un tribunal.
Resulta que después de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa condenó hace más de un año a la PGR a indemnizar y reconocer públicamente su error en el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántar y Teresa González, quienes fueron sentenciadas por el supuesto secuestro de elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en Querétaron en año 2006, la dependencia que la dependencia que encabeza Arely Gómez recurrió a la justicia federal para evitar pagar la indemnización.
El asunto llegó finalmente a la Suprema Corte, en donde la segunda sala del máximo tribunal decidió que no tenía competencia para resolverlo y lo turnó a la primera.
Parecía lógico que ésta resolviera la demanda de la PGR, ya que en el año 2010, la propia sala concedió el amparo a Alberta Alcántara y a Teresa González para que obtuvieran su inmediata libertad, en razón de que el ministerio público federal violó el debido proceso en su contra -Jacinta Francisco salió de la cárcel por falta de pruebas un año antes-.
Sin embargo, los ministros se negaron a conocer el asunto, con el argumento de que se trataba de un asunto fiscal y lo regresaron a la segunda sala.
Hay funcionarios judiciales que aseguran que el problema tiene más fondo, que en realidad es un reflejo de la profunda división que generó la pasada elección, en la que se necesitaron 32 rondas para que Luis María Aguilar venciera a Arturo Zaldívar en la lucha por la presidencia del máximo tribunal.
La cuestión es que una vez más, los ministros incumplieron con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita.
Para ripley, la SCJN revisará amparo de El Chapo Guzmán
Por otra parte, mientras los ministros de la Corte hicieron a un lado el caso de las tres mujeres indígenas, analizan por otra parte, la posibilidad de atraer el amparo que presentó Joaquín Guzmán, El Chapo Guzmán en contra del auto de formal prisión que le dictaron por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de posesión de cartuchos y armas de fuego y uso exclusivo del Ejército.
El ministro José Ramón Cossío es el encargado de elaborar el proyecto sobre la viabilidad de que la Corte ejerza su facultad de atracción y resuelva el asunto.
El 10 de marzo de 2014, un juzgado de distrito dictó auto de formal prisión contra Guzmán por el citado delito y el 14 de noviembre pasado, un tribunal unitario confirmó la decisión.
La defensa de quien escapó del penal de máxima seguridad de El Altiplano y quien es el prófugo más buscado en el país, consideró que la decisión vulnera sus derechos fundamentales “de la libertad personal, de la honra y la dignidad humanas, de inviolabilidad del domicilio, del debido proceso y de presunción de inocencia consagrados en la constitución”.
Meses antes de que se fugara, un tribunal unitario negó un amparo en contra del auto de formal prisión y desestimó el alegato de El Chapo Guzmán,quien se quejó de que las pruebas obtenidas en su contra fueron obtenidas gracias “a la intromisión de la autoridad a un domicilio sin contar con orden de cateo” y sin que se estuviera cometiendo un delito en flagrancia.
Lo que resulta increíble es que la Corte destine tiempo, recursos, dinero y personal para resolver la demanda de un sujeto que está prófugo de la justicia; en lugar de aplicar dichos recursos a la resolución de otros asuntos.
Año 2014 paseo por la Unión de Periodistas en Cuba
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